Durante años, la junta directiva del Banco Popular ha sido un tema de bajo perfil para el público general. Hoy no lo es. Una acción de inconstitucionalidad busca que el Poder Ejecutivo deje de tener la última palabra sobre los directores que nombran los trabajadores de la entidad. Para entender qué está en juego hay que mirar tanto el recurso como el diseño de la junta y el decreto que la dejó sin integración.
Qué pide la demanda
Según Semanario Universidad, la acción fue presentada por Rafael López, exdelegado de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El recurso apunta contra la frase «y ratificados por el Poder Ejecutivo» del artículo 15, inciso b), de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley N.º 4351. Si la Sala Constitucional le diera la razón, esa parte de la norma desaparecería.
El argumento central es que el veto del Ejecutivo sustituye la voluntad de la Asamblea de Trabajadores por una decisión política que no está prevista en los mecanismos de representación de la ley. López sostiene que el banco es propiedad de los trabajadores y que, por eso, la designación de sus representantes debería respetarse. Según el recurso, la Sala Constitucional ha reconocido al banco como «institución de derecho público no estatal, propiedad de los trabajadores». Semanario Universidad también recoge que el recurso invoca autonomía institucional, representación democrática, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
Sobre el argumento de la estabilidad financiera, López responde que no hace falta un veto político, porque el CONASSIF ya tiene criterios de idoneidad para quienes ocupan estos puestos. En su lectura, la intervención del Ejecutivo limita sin justificación la autonomía de gobierno corporativo que quiso el legislador.
Cómo está armada la junta
La ley establece una junta de siete directores: tres nombrados por el Poder Ejecutivo y cuatro designados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras. Los cuatro de la Asamblea deben ser ratificados por el gobierno, y ahí está el punto que cuestiona la acción.
El editorial de La Nación, que es opinión y no una noticia, señala que la Procuraduría ha calificado al banco como entidad pública no estatal. Según ese mismo texto, la ley impide que el Ejecutivo u otro organismo imponga decisiones sobre la custodia, administración o inversión del ahorro de los trabajadores. Ese equilibrio entre directores de la Asamblea y del Ejecutivo es lo que el recurso considera desbalanceado: el veto, dice, funciona como un filtro político sobre una decisión de los dueños.
El decreto que cambió el tablero
El debate no se limita a la demanda. Según La Nación, el Banco Popular no tiene junta directiva desde el 31 de julio. Un decreto publicado el 9 de noviembre permite que el Consejo de Gobierno designe a los siete directores, incluidos los cuatro que la ley reserva a la Asamblea, de forma temporal. El gobierno lo justifica en que, sin junta, no se puede aprobar el presupuesto de 2027, contratar la auditoría externa ni cubrir funciones indelegables.
La Nación señala un detalle que pesa en la discusión: el decreto no fija fecha de término y se mantendrá mientras concluye la integración de la Asamblea de Trabajadores del periodo 2026-2030. En el editorial se plantea que la salida natural sería acelerar esa integración y no reemplazarla. Esa es una postura editorial, no un hecho verificado, y conviene leerla como tal.
Hay otra capa en la que vale la pena detenerse. Delfino.cr informó, por su titular, que la Asamblea de Trabajadores remitió al Ejecutivo su lista de preseleccionados para la junta. La información disponible no permite saber si ese paso cambia el escenario del decreto ni cómo lo está valorando el gobierno.
El antecedente de 2022
Para entender por qué la estabilidad financiera aparece en el centro del debate, conviene revisar lo que La Nación recuerda sobre 2022. Según el editorial, el entonces presidente Rodrigo Chaves decretó control total sobre el banco por ocho meses, y ese control se prolongó durante toda su administración. En ese lapso, la Sugef calificó al banco en situación de irregularidad financiera por debilidades de gobierno corporativo, entre ellas la idoneidad de sus directivos, y recomendó la destitución del presidente de la junta.
El banco salió de esa condición en setiembre, aunque con reparos sobre la composición de la directiva. La Sugef le ordenó presentar un plan de acción que debe aprobar la Junta Directiva Nacional, órgano que todavía no está conformado. Este antecedente explica por qué ambos lados usan el mismo argumento: unos ven en la supervisión la razón para intervenir, y otros, la prueba de que la intervención no siempre mejora la gobernanza.
Por qué importa a quien no es trabajador del banco
Fuentes de la noticia
- Semanario Universidad: Acción de inconstitucionalidad pretende que el gobierno no tenga que ratificar a miembros de junta directiva del Banco Popular
- La Nación Costa Rica: Editorial: Banco Popular: siete puestos, una sola voluntad: la del gobierno
- Delfino.cr: Asamblea de Trabajadores remitió al Ejecutivo su lista de preseleccionados para la Junta Directiva del Banco Popular