Cada vez que se habla de un relleno sanitario en Costa Rica, la conversación suele moverse rápido hacia la pregunta de dónde va a estar. Pero en Turrúcares, el debate ha llegado a una pregunta más incómoda: si el país sigue dependiendo de enterrar lo que consume, ¿cuánto tiempo más puede hacerlo sin que alguna comunidad pague el costo?
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) se pronunció en contra de este proyecto y, al hacerlo, puso el foco en el modelo completo de manejo de residuos, no solo en un terreno. Este artículo explica qué está en juego, qué mecanismos entran en la discusión y qué significa todo esto para quien separa, o no, su basura en casa.
Qué es un relleno sanitario y por qué despierta resistencia
Un relleno sanitario es una instalación diseñada para disponer de forma controlada los residuos que no se pueden aprovechar. La idea es que el material quede confinado, con sistemas que buscan reducir los impactos sobre el suelo, el aire y el agua. El término «sanitario» hace referencia a esos controles, pero no elimina el riesgo: los lixiviados (líquidos que se generan al descomponerse la basura) y los gases requieren vigilancia permanente durante la operación y mucho después del cierre.
Por eso la oposición suele concentrarse en algunos temas recurrentes: la cercanía a fuentes de agua, el efecto sobre la salud de quienes viven alrededor y la calidad de vida del entorno. Según el PCA, estas son justamente las preocupaciones de las comunidades de Turrúcares, que llevan más de una década organizadas contra el proyecto, según informó Delfino.cr.
Qué está en juego en el caso de Turrúcares
De acuerdo con las fuentes, el proyecto es impulsado por la empresa EBI en la finca Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares, de Alajuela. El Mundo CR lo presenta bajo el nombre «Parque de Tecnología Ambiental».
El punto que más reacciones ha generado es el vínculo entre obras públicas y el proyecto. Delfino.cr informa que, durante un conversatorio del 4 de noviembre, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, condicionó inversiones en carreteras, puentes, un colegio técnico profesional, un centro Cen-Cinai y centros para personas adultas mayores a que el Concejo Municipal de Alajuela retire las acciones judiciales que buscan anular los certificados de uso de suelo del proyecto.
Según la misma fuente, el ministro planteó que ese retiro permitiría negociar la terminación de un arbitraje internacional contra Costa Rica promovido por la empresa canadiense Berthier EBI y su vinculada Bajo Pita S. A. Sin embargo, no se presentó durante ese encuentro un acuerdo firmado que garantizara el desistimiento del arbitraje. Delfino.cr también señala que la fracción del Partido Pueblo Soberano rechazó, el 9 de noviembre, una moción para condenar las actuaciones del ministro, y que el 16 de noviembre la Fiscalía General de la República confirmó la apertura de una causa penal por el presunto delito de tráfico de influencias. Son datos reportados por esa fuente; el artículo no añade interpretaciones sobre ellos.
Para el lector, el mecanismo es claro: el gobierno local tiene competencias sobre el uso del suelo, y el conflicto pasa por cómo esas competencias se relacionan con decisiones de inversión nacional. El PCA pidió respetar la autonomía municipal y la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial, y sostuvo que las necesidades de las comunidades no deben usarse como presión para favorecer intereses empresariales.
El argumento de fondo: un modelo que se agota
Más allá del caso puntual, el PCA sostiene que Turrúcares muestra el agotamiento de un modelo nacional centrado en recolectar, transportar y enterrar residuos. Su frase central es que Costa Rica no puede seguir resolviendo el problema buscando nuevos territorios donde depositar la basura, trasladando el impacto de una comunidad a otra.
Aquí conviene entender la lógica de la jerarquía de residuos, que es el marco que la organización invoca. En términos generales, las opciones se ordenan de más a menos deseables: reducir lo que se genera, reutilizar, reciclar, valorizar (recuperar energía o materiales de forma controlada) y, solo al final, disponer lo que no tiene otro destino. Un sistema que concentra casi todo en el último escalón deja poco margen para los anteriores, y eso empuja a buscar terrenos cada vez más difíciles de conseguir.
El PCA cita la Ley 8839 como base para avanzar hacia una gestión integral, y El Mundo CR resume su postura: la norma prioriza la reducción, la reutilización, el reciclaje y la valorización, por encima de la disposición final en rellenos.
Qué propone concretamente el PCA
La organización enumeró acciones prioritarias, que conviene leer como una hoja de ruta más que como un plan detallado:
- Promover la separación de residuos desde el origen, en hogares, centros educativos, comercios e instituciones.
- Implementar sistemas municipales de recolección diferenciada.
- Fortalecer los centros de recuperación y reciclaje de materiales.
- Aprovechar los residuos orgánicos mediante compostaje domiciliario, comunitario y municipal.
- Evaluar tecnologías para tratar los residuos que no se pueden aprovechar, con controles ambientales rigurosos y transparentes.
- Fortalecer la educación ambiental, punto que el extracto disponible deja incompleto.
Lo interesante de esta lista es que no elimina el relleno de la ecuación, pero lo coloca al final de una cadena. Su éxito depende de que las etapas previas funcionen, algo que se mide en hábitos, infraestructura municipal y mercados para los materiales recuperados.
Qué significa para quien vive con la basura
Para una familia, la diferencia entre un modelo y otro se nota en el día a día. Separar en origen implica tener recipientes diferenciados y una recolección que recoja esa separación; sin esa segunda parte, el esfuerzo doméstico se pierde en el camión. El compostaje, por su parte, convierte los restos de comida y de jardín en un material útil y reduce la fracción orgánica que llega a los rellenos, donde se descompone generando lixiviados y gases.
Fuentes de la noticia
- Delfino.cr: Parlamento Cívico Ambiental rechaza relleno sanitario en Turrúcares y condena condicionamiento de obras públicas
- El Mundo CR: Parlamento Cívico Ambiental rechaza relleno sanitario en Turrúcares y exige un nuevo modelo de gestión de residuos