Cuando un ministro anuncia que la policía actuará contra bloqueos y daños durante una manifestación, la conversación rara vez se queda en lo operativo. Pronto aparece una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llega el derecho a protestar? En los últimos días, esa pregunta tomó forma en Costa Rica tras la respuesta de los rectores de las universidades públicas a las declaraciones de Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública.
Qué anunció el Ministerio de Seguridad
Según La Nación, Campos dijo que instruyó a la Fuerza Pública para impedir bloqueos de vías, evitar la presencia de personas con pasamontañas y actuar contra quienes dañen el patrimonio cultural. También advirtió que las personas detenidas pasarían al Ministerio Público. El Mundo CR y Delfino.cr recogen la misma instrucción. El Observador CR agrega que el ministro acusó a rectores y a «unos diputados» de incitar a la violencia, aunque no identificó a los legisladores ni su afiliación política.
La respuesta de las universidades
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) rechazó esas acusaciones y afirmó que no pueden aceptarse sin pruebas. Según La Nación, la declaración lleva la firma de los rectores de las cinco universidades públicas: Carlos Araya Leandro (Universidad de Costa Rica), Jorge Herrera Murillo (Universidad Nacional), María Estrada Sánchez (Tecnológico de Costa Rica), Rodrigo Arias Camacho (UNED) y William Rojas Meléndez (UTN). Conare sostiene que apoya las manifestaciones pacíficas y que la protesta universitaria es parte del ejercicio democrático, no un delito. Además, dice que le preocupa que las declaraciones estigmaticen al movimiento estudiantil.
El Observador CR señala que diputados de oposición también rechazaron las declaraciones. Entre ellos está Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, quien dijo que el ministro está «muy equivocado» y cuestionó sus prioridades en seguridad frente a los recortes presupuestarios.
El trasfondo: un presupuesto en discusión
La protesta no surge en el vacío. Según El Observador CR, las movilizaciones responden al recorte de ¢8.048 millones aprobado en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y a un aumento de 0% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) previsto para 2027. Es decir, los estudiantes y las autoridades universitarias discuten el financiamiento de las universidades públicas, mientras el Gobierno discute cómo se garantiza el orden durante las marchas.
Protesta o delito: dónde se traza la línea
Fuentes de la noticia
- La Nación (CR): Rectores reaccionan ante advertencia de ministro de Seguridad: ‘La protesta universitaria no es un delito, sino un deber cívico indispensable ’
- El Observador CR: Rectores y diputados de oposición rechazan acusaciones de ministro de Seguridad sobre incitación a la violencia en manifestaciones
- Delfino.cr: Conare rechaza acusaciones del ministro de Seguridad contra rectores universitarios por supuesta incitación a la violencia
- Delfino.cr: Ministro de Seguridad ordena a Fuerza Pública impedir bloqueos de vías durante manifestaciones
- El Mundo CR: Ministro de Seguridad gira instrucciones para detener a quienes bloqueen vías y dañen el patrimonio